Se presentó el primer método de control biológico para cultivos extensivos en el país

Federico Montes

Cortesía: la diaria - Virginia Recagno

Con Federico Montes, director general de Servicios Agrícolas, sobre el “avance de la profesionalización” en el área.
El martes soltaron 150 millones de avispas en Dolores. ¿El motivo? Que sirvan como “enemigo natural” de la plaga llamada lagarta, que afecta los cultivos de soja, y que su liberación, controlada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), contribuya a disminuir el uso de plaguicidas. No es la primera vez que se utiliza un método natural para sustituir la fumigación de agroquímicos y, según Montes, “hay un salto cuantitativo y cualitativo muy grande” en el uso de estos métodos.

¿Lo del martes se ubica en el mismo marco que la colocación de dispositivos con feromonas para generar confusión sexual y evitar la proliferación de larvas en frutos de hoja caduca, que se hizo en octubre en Melilla?

Sí. La horticultura y la fruticultura han venido desarrollando diferentes manejos de control biológico, ya sea mediante la liberación de insectos, el uso de feromonas o el trampeo masivo con atrayentes alimenticios. Esta acción tiene el mismo objetivo: darle al consumidor garantías sobre los productos finales y establecer un compromiso con el medioambiente. Lo diferente en este último caso ‒y el salto más importante‒ es que Uruguay no tiene mucha experiencia en controladores biológicos y métodos alternativos al uso convencional de agroquímicos en cultivos extensivos. En otros rubros es una práctica más normal, debido a la mayor cantidad de aplicaciones y, por ende, la creciente necesidad de sustituirlos.

¿Hubo interés entre los productores? ¿Cómo se estimulará su implementación?

Había varios productores, entre ellos grandes productores ‒si los sumamos, se trata de varias miles de hectáreas‒ e integrantes de gremiales agropecuarias con incidencia. Entiendo que si están ahí es por algo y que saben que es el camino que tenemos que seguir como país. Si esto no hubiera ocurrido, quizá no habría tenido ni la mitad de sentido hacerlo. Por eso también solicitamos al Parlamento, en la Rendición de Cuentas de 2018, la exoneración de tasas de registro, con el propósito de estimular el método.

¿A qué responde el interés del MGAP en desarrollar estos métodos?

Por un lado, a la inocuidad y el cuidado del medioambiente; por otro, a un compromiso más cercano de reducción del uso de agroquímicos. A eso nos hemos dispuesto como país y como ministerio. También sabemos que todas estas cosas son muy valoradas por nuestros destinos de exportación como proveedor de alimentos.

¿En qué otros tipos de controles biológicos se está trabajando?

Tenemos otros 17 en evaluación, para diferentes rubros, y hay algunos más para soja y otras plagas, cítricos, horticultura y fruticultura. Vamos a lanzar algunos en 2019, otros en 2020, y quizá otros nos lleven más tiempo. Vamos desde cultivos extensivos hasta intensivos; tener una gama tan amplia de cultivos y enfermedades esa es una muy buena noticia para el país, porque hay hongos, bacterias e insectos que se podrían controlar en diferentes puntos de la cadena productiva, algunos en el área de campo y otros en la poscosecha.

Estamos entusiasmados con esto; de ahí, el artículo en la Rendición de Cuentas, para que nadie encuentre un impedimento para llevarlo a cabo. El Institut Pasteur y el [Instituto de Investigaciones Biológicas] Clemente Estable son los encargados de llevar a cabo las evaluaciones toxicológicas que permiten dar garantías de que estos procedimientos no causen ningún problema de salud ni impactos nocivos en el medioambiente, y que el día de mañana los insectos liberados se transformen en una nueva plaga. Este año, además, comenzamos con algo nuevo: los compost de origen orgánico. No había ningún registro que diera garantías al productor de porcentajes de micronutrientes, materia seca y distintos componentes. Es un avance hacia la profesionalización en esta área.

¿Qué proporción de la producción se maneja con control biológico?

Depende de los rubros. En la fruticultura de hoja caduca hay una proporción de bioinsumos realmente muy alta: las aplicaciones de insecticida disminuyeron a menos de 50%. En el caso de la horticultura, también disminuyó de una manera notable; por ejemplo, con la mosca blanca en el tomate y el morrón se redujo prácticamente a cero. Ahora, en la agricultura extensiva, como la soja, no está pasando. Esta experiencia con las avispas es la primera, no hubo antes ninguna incursión, sino que el 100% responde al paquete convencional de agroquímicos.

¿Hay metas cuantitativas que se pretenda alcanzar?

Es difícil establecer metas cuantitativas, porque eso depende de las extensiones. Creo que es posible llegar, en un año, a tener 50% del área, pero en principio no creemos que sea conveniente establecer metas cuantitativas, porque lo primero es amigarse con la metodología. Por otra parte, hay que diseñar una serie de políticas y acciones, de rotación de cultivos, que acompañe.

Una investigación de Río Abierto sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras del Mercado Modelo concluyó que todas las muestras evaluadas cumplieron con la normativa del Codex, pero se criticó la falta de testeo a insecticidas complejos, como el ditiocarbamato, con un nivel de toxicidad importante.
Es que llevan una técnica diferente. En Servicios Agrícolas, en el trabajo en laboratorio, fuimos incorporando una serie de equipos para tener una sensibilidad de detección bastante alta, y comenzamos a trabajar en el desarrollo de técnicas específicas, como el ditiocarbamato y el glifosato. Desde hace unos días estamos usando el GC masa-masa [cromatógrafo de gases y espectrómetro de masas en tándem], que nos permite pasar de 76 principios activos a casi 200, con una sensibilidad impresionante. Como exportadores de alimentos, tenemos que contar con este tipo de equipamiento. En eso creo que hay un gran salto, tanto cuantitativo como cualitativo.

¿Qué resultados se manejan en Servicios Agrícolas?

Nosotros hacemos el Plan Nacional de Vigilancia de Residuos, que rediseñamos este año para que sea funcional a las prácticas agrícolas, es decir, que esté orientado a los productores y las organizaciones gremiales, que son las que hacen las aplicaciones. El Mercado Modelo y la Intendencia [de Montevideo] están pegados al consumidor, mientras que Servicios Agrícolas va junto al área productiva. Hasta ahora, en la soja los resultados fueron buenos: no encontramos ningún desvío en los análisis de residuos, lo que no significa que no se encuentren agroquímicos, sino que están dentro de los parámetros admitidos. Por ejemplo, algunos agroquímicos picantes, como el glifosato, lo testeamos en 100% de las muestras, porque no sólo es el más utilizado en Uruguay, sino que se trata de una solicitud de la sociedad, que está preocupada por el tema. El de Servicios Agrícolas es el único laboratorio habilitado para analizarlo. Desde mediados de 2018 hemos recogido un número muy alto de muestras. Hasta ahora tenemos los resultados de lo que ocurre con la soja; aunque en ese cultivo no se pasó ningún límite, alertamos a los productores que entendimos que con determinada cantidad de aplicaciones podrían llegar a sobrepasarlo. Con esa lógica estamos trabajando con el que puede generar el problema, que es el productor.

Hablás de la sensibilidad de los límites. A Uruguay se le critica su alta tolerancia a algunos niveles de agroquímicos.

Eso habría que analizarlo en profundidad. Cuando evaluamos lo hacemos en función del Codex y contemplamos también los límites establecidos por la Unión Europea, Estados Unidos y China, y vemos para cuáles se cumple. De todas maneras, para imponer sanciones Uruguay aplica el Codex.

¿Cuál es el fundamento?

Es un código estricto, incluso para el glifosato. Ahora, el límite máximo de residuos depende enormemente de la ingesta. No es lo mismo la ingesta de arroz de un uruguayo que la de un chino, y seguramente China tenga requisitos para este cultivo totalmente diferentes de los que tenemos nosotros. Pensando hacia adelante, Uruguay debería establecer cuál es la dieta que consumimos, para sacar el límite máximo de residuos permitidos, pero es un estudio complejo. Eso no es competencia del MGAP sino del Ministerio de Salud Pública, pero entiendo que a futuro debería revisarse.

Algunos productores han manifestado que les conviene pagar sanciones económicas, más que modificar sus formas de producción.
Antes de estar en el ministerio trabajaba en el sector productor exportador, y puedo asegurarte que ser rechazado en el exterior porque superaste un límite de residuos es doloroso: quedás en una lista negra por las sanciones económicas y porque se cortan las exportaciones. Por eso los productores se cuidan muchísimo.

¿Y qué ocurre con la producción para el mercado interno?

Es distinto. En el MGAP apoyamos las buenas prácticas agrícolas. De todas maneras, desde que se produce, y a lo largo de toda la cadena intermedia, debería existir un muestreo aleatorio de modelos productivos. No es lo mismo la producción de frutales de hoja caduca, en los que no vas a llegar con ningún problema. Pero creo que, en definitiva, estamos avanzando en la elaboración de un conjunto de herramientas que den mayores garantías de lo que realmente se produce, más allá de que se consuma en Uruguay o no.

¿Por qué no se utiliza el término “agrotóxicos”?

Me parece que la palabra “agrotóxicos” tiene cierta intencionalidad. Parto de la base de que se conocen las características de un producto y cómo utilizarlo, entonces no debería utilizarse la palabra “tóxico”. Eso es válido para la botella de hipoclorito, para la garrafa de supergás, para las farmacias y para los agroquímicos. Un agroquímico, si se aplica bien, no genera problemas.